Fallo Judicial en Mendoza Fallo Judicial Histórico en Mendoza En una sentencia que promete marcar un precedente en el ámbito judicial y administrativo, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó al Gobierno provincial indemnizar a un exempleado estatal con una suma que supera los $40 millones. Detalles del Fallo Este fallo, emitido el 3 de diciembre de 2024, se destaca no solo por el monto involucrado, sino también por la contundente crítica a las demoras burocráticas que afectaron gravemente al demandante, un ex agente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Invalidez Certificada y Reclamo Desatendido El demandante, quien trabajó en la administración pública provincial durante 34 años y 10 meses, inició su reclamo el 12 de mayo de 2021 para acceder al beneficio de retiro por invalidez, tras ser diagnosticado con una incapacidad laboral absoluta y permanente. Esta condición fue confirmada en abril de 2021 por la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que determinó un 70% de discapacidad por artritis reumatoidea y otras afecciones crónicas. Demoras Burocráticas y Consecuencias Pese a estos dictámenes, el expediente administrativo del extrabajador del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) quedó paralizado durante más de 250 días en una misma oficina, sin resolución ni respuesta alguna por parte de la administración provincial. Esta demora, según el fallo judicial, no solo ignoró la urgencia de la situación del demandante, sino que también derivó en un empobrecimiento significativo debido a la pérdida del poder adquisitivo de la suma reclamada. El Contundente Pronunciamiento de la Corte El fallo unánime, argumentado por el ministro Mario Adaro y respaldado por sus pares José Valerio y Omar Palermo, concluyó que el exempleado estatal cumplió todos los requisitos para acceder a la indemnización. Los jueces consideraron probado que el cese laboral del extrabajador fue consecuencia directa de su invalidez, y que las demoras administrativas constituyeron un agravio adicional. Detalles de la Indemnización Entre los puntos destacados de la sentencia, se subraya que: El cese laboral fue consecuencia directa de su incapacidad. La demora administrativa fue calificada de irregular e innecesaria, agravando la situación económica del demandante. La indemnización tiene como objetivo reparar la exclusión del mercado laboral, y no sustituir ingresos previsionales. En ese contexto, la Corte ordenó al Gobierno de Mendoza a abonarle al exagente: $3.441.269 en concepto de capital, calculados como 35 veces el mejor salario mensual del demandante ($98.322). $36.826.892 en intereses legales acumulados hasta diciembre de 2024, cifra que continuará incrementándose hasta el pago efectivo. Total: $40.268.161 Repercusiones Económicas y Políticas Además de ordenar el pago de la indemnización, el fallo impuso las costas del juicio al Gobierno provincial, incluyendo honorarios para los abogados del demandante, que superan los $7 millones. Estas cifras reflejan no solo el impacto económico del caso, sino también las consecuencias de una gestión administrativa ineficiente. Las demoras en resolver el reclamo no solo afectaron al demandante,