Reacción internacional ante la represión en Argentina La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya fueron informadas de la represión que desplegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir la marcha de los jubilados de todos los miércoles. En los tribunales de Comodoro Py, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) --que presiden el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la académica Dora Barrancos-- también radicaron denuncias. Exigencias del CELS a organismos internacionales El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) les pidió a los organismos internacionales que soliciten informes al Estado argentino sobre el desarrollo de los operativos de seguridad que se desplegaron desde febrero y que manifiesten su preocupación por el amedrentamiento, criminalización y represión de manifestantes. Les requirieron que hagan hincapié en la situación de los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. "Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales", resalta Diego Morales, director de Litigio del CELS. Narrativa de golpe de Estado Desde el organismo, denunciaron que “el gobierno resucita la narrativa del ‘golpe de Estado’ para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó ayer (por el martes) con las amenazas de la Ministra Bullrich”. No es la primera vez que desde la administración de Javier Milei se habla de una intentona golpista por la presencia de manifestantes en las calles: ya lo había hecho con la represión del 12 de junio a quienes se manifestaron –o estaban en las inmediaciones del Congreso– cuando se debatía la Ley Bases. Arbitrariedades en las detenciones La arbitrariedad de las detenciones quedó en manifiesto con la resolución que firmó Karina Andrade, jueza penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Andrade ordenó la soltura de 114 personas que estaban detenidas. Entre las irregularidades que detectó, la jueza Andrade enumeró que: Cuando se informaban detenciones, la información era imprecisa; no se sabía a qué hora ni en qué lugar se habían producido las aprehensiones. No se sabía por qué delito era detenida cada persona. No se precisaba en qué lugar sería la persona detenida alojada. “Advertí, como adelanté al resolver, que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”, escribió Andrade. “Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, completó. Contradicciones en el discurso oficial La denuncia de Pietragalla Corti hace referencia al fallo de la jueza Andrade, sobre todo porque la magistrada resaltó que "ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos". Sus afirmaciones contradicen el discurso público de Bullrich, que habló de personas detenidas con armas, o se refirió al móvil policial incendiado. La Red Federal de Derechos Humanos, que preside Pietragalla Corti, recordó que en junio la jueza María Servini había