El pedido de Naciones Unidas El gobierno argentino sigue sin responder un pedido que promovió el 13 de diciembre del año pasado la relatora especial de Naciones Unidas Mary Lawlor, que visitó la provincia de Jujuy durante el último mes de 2024. Las preocupaciones sobre los defensores de derechos El pedido, que firman los cinco relatores de Naciones Unidas, solicita que el gobierno nacional informe qué medidas tomó "para asegurar que las personas defensoras de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y del ambiente, incluídos los abogados y las abogadas que les acompañan, puedan ejercer su trabajo legítimo sin hostigamiento, presión o cualquier otra acción arbitraria". La campaña de desprestigio La relatora Mary Lawlor integró una comitiva compuesta por miembros de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se trasladó hasta la Puna jujeña para relevar información y testimonios sobre el objetivo de dilucidar la veracidad de una supuesta campaña de desprestigio que circuló en 2024 en redes sociales y continuó con dos artículos publicados por un portal minero contra la abogada Alicia Chalabe, que asiste a comunidades indígenas. La solicitud de prórroga El pasado 7 de febrero, desde la Misión Permanente Argentina ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra (Suiza), el gobierno argentino solicitó al Alto Comisionado una prórroga para responder a los pedidos de información que constan en el documento con la firma de los cinco relatores y que fue girado desde el Alto Comisionado de la ONU en diciembre de 2024 al gobierno de Javier Milei. Denuncias de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció una "campaña de desprestigio emprendida, aparentemente, por el Gobierno de la Provincia de Jujuy y las empresas mineras contra Alicia Chalabe". Para la FARN, tanto el Estado jujeño como las mineras buscaron deslegitimar el trabajo de la abogada. Explotación minera y derechos humanos En sintonía con la Relatoría de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales, la FARN insistió en marcar que ante el avance del extractivismo minero sobre ese humedal jujeño "urge que el Estado nacional y los estados provinciales, especialmente el Gobierno de la Provincia de Jujuy, tomen medidas para que la extracción (...) se realice en pleno respeto y garantía de los derechos humanos". Riesgos de la demanda de minerales La ONG también recalcó que la explotación minera de las salmueras cuyos derivados industriales (como el carbonato de litio) se exportan desde humedales del Triángulo del Litio, debe cumplir con la normativa internacional y nacional, los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y postulados que planteó el informe del Panel del secretario general de Naciones Unidas sobre minerales críticos para la transición energética. Conclusiones de los relatores Los relatores repasaron en el pedido del 13 de diciembre pasado -que aún no respondió Nación- cuestiones de contexto previas a la supuesta campaña de desprestigio. Una de ellas fue una demanda que en agosto de 2024 promovió Chalabe ante la justicia provincial cuestionando la presencia de un campamento minero en los territorios de la comunidad originaria.