Marchas y Decisiones Controversiales Tan solo cuatro días después de la marcha del 24 de marzo pasado, Luis Petri tomó la decisión de eliminar los equipos que relevaban y analizaban (ERyA) los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad. A los expertos que los integraban los caracterizaron como “vengadores” y los acusaron de hacer “macartismo” contra los militares. Fue el primer mojón en un año que estuvo caracterizado por el afán de la administración de Javier Milei por desmontar las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que hacen de Argentina un ejemplo en el mundo. Desmontaje de Políticas Públicas No fue sólo motosierra contra áreas sensibles del Estado; fue parte de un plan de impunidad que denunciaron desde los organismos después de que se conociera el cónclave entre diputados de La Libertad Avanza (LLA) y los represores que están presos en el penal de Ezeiza. Todos estos temas estarán presentes en el documento que el movimiento de derechos humanos leerá el lunes en Plaza de Mayo al concluir la marcha por los 49 años del golpe de Estado. Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad Para 2010, los juicios por crímenes de lesa humanidad habían empezado a tomar ritmo. El inicio había sido difícil: procesos por pocos casos y la desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante contra el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. Pese a eso, los juicios no se detuvieron y empezaban a tomar envión. En enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4 a través del cual desclasificaba la información en poder de las Fuerzas Armadas que estuviera vinculada a los años del terrorismo de Estado. Creación y Desmantelamiento de ERyA Como consecuencia de ese decreto, Nilda Garré creó en el Ministerio de Defensa los ERyA. Meses después, replicaría la experiencia en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich desarmó esa estructura cuando fue ministra de Mauricio Macri. Sin embargo, en Defensa, los ERyA continuaron hasta marzo del año pasado. La Situación Actual La comisión interpoderes (que depende de la Corte Suprema) sigue sin reunirse”, remarca el abogado querellante Pablo Llonto. “Las defecciones cometidas por la magistratura en el marco del genocidio dictatorial constituyen un ejemplo paroxístico del abuso de poder. En tanto, la actualidad reclama una respuesta eficaz de parte de otra generación de jueces llamados a cautelar sin más dilaciones sitios y archivos documentales”, apunta el juez Alejandro Slokar, que preside la comisión de la Cámara de Casación encargada del tema. “El mandato internacional de derechos humanos es categórico y es el Poder Judicial quien debe hacerlo exequible”.