``` De la noche a la mañana, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió reasumir el control de la investigación remanente sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que hace más de dos años le había delegado al fiscal Carlos Rívolo. Esgrimió que le parece que "no se ha observado un progreso significativo" y que hace falta "un nuevo enfoque". Según ella "no se ha profundizado suficiente" respecto del papel de la Policía Federal (PFA). Hubo quienes leyeron la disposición como un giro en la causa, pero parece más un modo de cubrirse o un manotazo de ahogado frente a circunstancias judiciales que la dejaron expuesta y comprometida en los últimos días, precisamente por anomalías en este expediente vinculadas al celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel. Un cambio inesperado La semana pasada, en medio del juicio oral por el atentado, la agente de la PFA que custodia su juzgado y que trasladó el teléfono sin cadena de custodia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para un peritaje, la dejó muy mal parada. Este martes, además, la querella de CFK reclamó ante la Cámara Federal que no se archive la pesquisa sobre el daño al dispositivo porque falta ahondar en la responsabilidad de Capuchetti. En un recurso donde se opone a que la jueza le quite la causa, el fiscal Rívolo dice que su decisión de Capuchetti es "arbitraria, extemporánea y carente de fundamento y razonabilidad alguna", a lo que agrega que afecta "seriamente" su "estrategia investigativa". Delegación de la causa En diciembre de 2022, cuando habían pasado más de tres meses desde el ataque a la entonces vicepresidenta, Capuchetti decidió delegarle a Rívolo la causa porque había sido recusada. Ella dijo que buscaba un "remedio procesal" que "propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen". Fue en medio de la polémica porque no había secuestrado los celulares de dos secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman, a quien un testigo dijo que había escuchado decir frente a ambas, dos días antes del atentado a CFK, "cuando la maten yo estoy camino a la costa". Los celulares fueron borrados, aprovechando la inacción de la jueza, en una oficina de Patricia Bullrich, de quien Milman era mano derecha. Avances en la causa Desde entonces la causa quedó a cargo de Rívolo. En el ínterin fue elevado a juicio oral el tramo referido al hecho material, con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo como acusados, y hay audiencias desde el 26 de junio del año pasado. Quedaron algunas cosas por rastrear: las eventuales pistas políticas y económicas y la cuestión del papel de la policía, entre otras. Por las anomalías con el celular de Sabag se abrió otra causa, que quedó a cargo de la jueza María Servini, quien decidió archivarla y atribuir los problemas para peritar el teléfono a características del aparato. Investigaciones pendientes Servini había analizado qué hicieron los peritos de la PFA y la PSA, pero no analizó la responsabilidad de la jueza Capuchetti, pese a que quedó claro que su custodia, la cabo Priscila Santillán, entregó a la segunda fuerza el sobre con el celular abierto, roto, sin cadena de custodia, encendido y con un cartel de alerta en letras rojas. Lanzó un reproche en el aire, sin más,