La universidad pública no es un gasto: es una inversión en el futuro argentino   La nueva Marcha Federal Universitaria volvió a poner en las calles una discusión que atraviesa a toda la sociedad argentina: ¿qué lugar ocupa la educación pública en el proyecto de país del gobierno de Javier Milei?   Miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios marcharon en distintas ciudades del país para reclamar por el financiamiento de las universidades nacionales y denunciar el ajuste presupuestario impulsado por el Ejecutivo. Las movilizaciones tuvieron su epicentro en Plaza de Mayo y fueron acompañadas por rectores, sindicatos y organizaciones estudiantiles.    El reclamo no surge solamente de una disputa política. Surge de una realidad concreta: salarios docentes deteriorados por la inflación, becas insuficientes, laboratorios paralizados y universidades que advierten dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano. Diversos informes señalan una caída acumulada del financiamiento universitario desde 2023 y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de trabajadores del sector.    El gobierno de Milei sostiene que mantener el equilibrio fiscal es indispensable para bajar la inflación y estabilizar la economía. Desde la Casa Rosada argumentan que aumentar partidas universitarias sin respaldo presupuestario implicaría más déficit, más emisión y, finalmente, más pobreza.    Sin embargo, la discusión excede las planillas contables. La universidad pública argentina representa uno de los mayores mecanismos de movilidad social del país. Ingenieros, médicos, científicos, docentes y profesionales de todas las áreas surgieron históricamente de un sistema gratuito y abierto que permitió que millones de jóvenes pudieran estudiar independientemente de su situación económica.   Reducir el debate universitario únicamente a una cuestión de “gasto” puede resultar peligroso. Porque cuando se debilita la educación pública, no solamente se recortan números: se limitan oportunidades. Y cuando un país deja de invertir en conocimiento, ciencia y formación profesional, termina hipotecando su desarrollo futuro.   Eso no significa negar la necesidad de controles, auditorías y transparencia en las universidades. La sociedad tiene derecho a exigir eficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero otra cosa muy distinta es avanzar hacia un desfinanciamiento que comprometa el funcionamiento del sistema educativo.   La masividad de la marcha demuestra que, más allá de las diferencias ideológicas, existe un sector importante de la sociedad que considera a la universidad pública como un patrimonio nacional.    La Argentina necesita equilibrio fiscal. Pero también necesita científicos, médicos, docentes e investigadores. El verdadero desafío no debería ser elegir entre cuentas ordenadas o educación pública, sino encontrar la manera de sostener ambas cosas al mismo tiempo.   Porque defender la universidad pública no es defender privilegios. Es defender la posibilidad de que cualquier joven, venga de donde venga, pueda construir un futuro mejor a través del estudio.                          Periodista: Ruben Aciar