El ajuste para abajo, los privilegios para arriba Mientras el gobierno de Javier Milei repite a diario el discurso de la austeridad, el sacrificio y la “motosierra”, una nueva denuncia judicial vuelve a exponer las contradicciones de una administración que exige recortes a jubilados, trabajadores y universidades, pero parece tolerar privilegios en los pasillos del poder. La investigación abierta contra Karina Milei por la contratación de una amiga personal para tareas privadas no es un hecho menor: golpea en el corazón mismo del relato libertario. La causa judicial impulsada tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano plantea una pregunta elemental que atraviesa a toda la sociedad: ¿con qué autoridad moral se le pide esfuerzo extremo a millones de argentinos mientras funcionarios del círculo presidencial utilizan recursos públicos para cuestiones personales? La Libertad Avanza llegó al poder prometiendo terminar con “la casta”. Sin embargo, a medida que pasan los meses, el discurso anticasta empieza a mostrar grietas cada vez más profundas. El nombramiento de personas cercanas, familiares, amigos y militantes en áreas sensibles del Estado parece alejarse bastante de aquella promesa de profesionalización y transparencia que sedujo a buena parte del electorado. El caso de Andrea Juárez resulta particularmente delicado porque no surge únicamente de una denuncia opositora: las propias declaraciones públicas de la involucrada reconocen que sus tareas estaban vinculadas a cuestiones personales de Karina Milei. Si eso se confirma judicialmente, el problema ya no es político ni comunicacional; es institucional. Pero el trasfondo es todavía más amplio. Argentina atraviesa uno de los períodos sociales más complejos de los últimos años. La caída del consumo, los despidos, el deterioro salarial y el ajuste sobre áreas esenciales como salud, educación y ciencia generan un malestar creciente. En ese contexto, cualquier sospecha de uso discrecional del Estado adquiere una dimensión explosiva. El oficialismo suele responder a las críticas acusando a periodistas, opositores o sectores sindicales de querer desestabilizar al gobierno. Sin embargo, los hechos no desaparecen atacando mensajeros. La transparencia no se declama: se practica. Y cuando la administración que prometía ser distinta empieza a acumular denuncias por contrataciones dudosas, licitaciones cuestionadas y beneficios para allegados, el problema deja de ser una operación política para convertirse en una crisis de credibilidad. La figura de Karina Milei, además, ocupa un lugar singular dentro del esquema de poder libertario. No es solamente la hermana del Presidente; es la principal armadora política del oficialismo y una de las personas con mayor influencia dentro del Gobierno. Por eso, toda investigación judicial sobre su entorno tiene inevitablemente impacto político. En democracia, ningún funcionario debería temerle a la justicia ni al periodismo. Lo preocupante sería naturalizar que el poder puede utilizar recursos públicos para resolver asuntos privados mientras se les exige austeridad extrema a quienes viven de un salario o una jubilación. La sociedad argentina ya conoce demasiado bien las consecuencias de los privilegios enquistados en el Estado. Y justamente por eso, muchos votaron una alternativa que prometía terminar con esas prácticas. La gran incógnita es si el gobierno de Milei todavía está dispuesto a sostener aquella promesa o si terminó reproduciendo aquello que juró combatir. Ruben Aciar