El transporte en San Juan y la ficción del control estatal La teoría política y jurídica nos repite hasta el cansancio un axioma que, en los papeles, suena idílico: **el Estado somos todos y los servicios públicos nos pertenecen.** Bajo esa premisa, las líneas de colectivos, sus recorridos y sus frecuencias no son propiedad privada de nadie, sino concesiones que el Gobierno otorga para garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a circular. Sin embargo, basta con pararse en cualquier parada de la provincia de San Juan un sábado a la tarde o una noche de semana para que la realidad destruya la teoría: **en San Juan, los ciudadanos no somos dueños de nada; somos rehenes.** La crisis del transporte público en nuestra provincia ya no es una racha de mala gestión; es un desastre estructural que se ensaña especialmente con los horarios diurnos y nocturnos de los fines de semana. Quien depende del colectivos esos días se encuentra a la deriva, lidiando con esperas interminables, unidades que jamás pasan y un abandono absoluto. > Cuando un funcionario público —ya sea un ministro o un secretario de Transporte— se llena la boca diciendo que *"el dueño de las líneas y de los horarios es el Estado"*, incurre en una hipocresía intolerable. Si el Estado manda, ¿por qué permite el desprecio diario hacia el usuario? >  La respuesta fáctica es tan clara como dolorosa: **quienes verdaderamente mandan son los empresarios.** El sector empresarial del transporte sanjuanino parece haberse convertido en un "caso perdido", una corporación que se maneja con total impunidad, haciendo y deshaciendo a su antojo, guiada únicamente por el beneficio económico y despojada de cualquier sentido de responsabilidad social. Para que este engranaje de desidia funcione, se necesita complicidad. Y ahí es donde entran en juego quienes diseñan y controlan los recorridos y horarios desde los escritorios oficiales. Actúan como verdaderos **"idiotas útiles"** del poder económico; funcionarios que la sociedad debería rechazar tajantemente, ya que su única función real parece ser firmar autorizaciones y mirar para otro lado mientras el empresario recorta frecuencias para ahorrar costos. No se trata solo de colectivos que llegan tarde. Se trata de trabajadores que pierden el presentismo, de estudiantes varados a la noche y de familias enteras cuya vida cotidiana está condicionada por la voluntad de un puñado de empresarios. Mientras los ciudadanos sigamos siendo tratados como menos que basura por quienes deberían servirnos, la mentira de que "el transporte es de la gente" seguirá siendo eso: una burla que se paga todos los días con el boleto más caro de todos, que es la pérdida de nuestra dignidad y de nuestro  tiempo. Ruben Aciar Periodista Diario La Bisagra