La libertad de expresión no puede sentarse en el banquillo Por Rubén Aciar – Diario La Bisagra La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar el sobreseimiento de Jorge Rial y Mauro Federico en una causa por presuntas calumnias e injurias trasciende largamente los nombres propios involucrados. Lo que estuvo en discusión no fue únicamente el alcance de una opinión periodística, sino uno de los pilares esenciales de cualquier democracia: la libertad de expresión. Cuando un periodista analiza, cuestiona o critica a un funcionario público, no está ejerciendo un privilegio personal. Está cumpliendo una función social. El periodismo existe precisamente para observar al poder, interrogarlo y, cuando corresponde, señalar sus errores, contradicciones o posibles irregularidades. Pretender que toda crítica pueda derivar en una denuncia judicial implica correr el riesgo de transformar a los tribunales en herramientas de silenciamiento. La resolución de Casación reafirma un principio básico que muchas veces parece olvidarse: quienes administran recursos públicos o ejercen funciones estatales están sujetos a un mayor nivel de escrutinio por parte de la sociedad. No porque tengan menos derechos que el resto de los ciudadanos, sino porque sus decisiones impactan sobre el conjunto de la comunidad. Resulta preocupante observar cómo, en distintos ámbitos de la política argentina, crece una tendencia a confundir la crítica con la agresión y el cuestionamiento con la difamación. La democracia necesita voces incómodas, periodistas incisivos y ciudadanos capaces de expresar desacuerdos sin temor a represalias judiciales. Por supuesto, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Existen límites cuando se prueba una intención deliberada de mentir o dañar. Sin embargo, esos límites no pueden convertirse en una excusa para restringir el debate público ni para desalentar investigaciones periodísticas sobre quienes ocupan cargos de responsabilidad. La sentencia conocida esta semana envía un mensaje saludable para la vida democrática argentina: las opiniones, incluso las más duras, deben ser protegidas cuando forman parte de una discusión de interés público. Porque una sociedad donde los periodistas callan por miedo a los tribunales es una sociedad donde el poder deja de rendir cuentas. En tiempos donde abundan los intentos de disciplinar voces críticas desde distintos sectores ideológicos, vale recordar una verdad elemental: la libertad de expresión no se defiende únicamente cuando beneficia a quienes pensamos igual. Se defiende, sobre todo, cuando protege el derecho de otros a decir aquello que el poder preferiría no escuchar.